La entrada en vigor de la OUG nr. 7/2026, que permite a los ayuntamientos prohibir las actividades de juego en sus respectivos territorios, ha provocado una importante reducción tanto del número de máquinas autorizadas como de los ingresos públicos asociados al sector en Rumanía.
Entre febrero y mayo de 2026 se autorizaron únicamente 2.337 máquinas, frente a las 18.981 autorizadas durante el mismo periodo del año anterior. En términos globales, el parque de máquinas ha pasado de 45.659 unidades autorizadas en 2025 a 29.014 actualmente en explotación.
La aplicación de la nueva normativa también ha puesto de manifiesto una elevada disparidad en la actuación de los municipios. Aunque el plazo de 60 días establecido para que los ayuntamientos adoptaran sus decisiones ya ha finalizado, solo 90 de los aproximadamente 3.100 municipios rumanos han tomado medidas. De ellos, 35 han optado por prohibir los juegos de azar.
Los ingresos fiscales caen en 185 millones de lei
La reducción de la actividad también se ha trasladado directamente a las arcas públicas. Los ingresos procedentes de los impuestos vinculados al juego han descendido de 485 millones de lei en 2025 a unos 300 millones en 2026, lo que supone una caída de 185 millones de lei.
La nueva distribución de competencias sitúa a los ayuntamientos en una posición central dentro de la regulación del sector. Mientras tanto, la Oficina Nacional de Juegos de Azar puede prestar apoyo técnico a las administraciones locales, pero no dispone de capacidad para adoptar medidas normativas en este ámbito.
El cambio supone, por tanto, una transformación significativa del mercado rumano del juego, al trasladar buena parte de las decisiones sobre la autorización o prohibición de estas actividades desde el ámbito nacional al nivel municipal.
